Mauricio
Macri, presidente electo de Argentina, sua estrechas relaciones con
fundaciones de la derecha internacional y con la embajada de Estados
Unidos
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Tal como se preveía, no habían transcurrido doce horas desde su victoria
electoral cuando en su conferencia de prensa de ayer Mauricio Macri
ratificó su vocación de convertirse en un proxy de Washington en la
región. En línea con los deseos de la Casa Blanca arremetió contra la
República Bolivariana de Venezuela y confirmó que solicitaría la
suspensión de ese país como miembro del Mercosur porque, según él,
habría infringido la cláusula democrática al “perseguir a los opositores
y no respetar la libertad de expresión”.
Derrocar al
gobierno bolivariano es una vieja obsesión del gobierno de Estados
Unidos, para cuyo efecto no ha reparado en límite o escrúpulo alguno.
Hasta ahora su ofensiva sólo había encontrado un socio dispuesto a
avanzar por ese escabroso sendero: el narcopolítico colombiano Álvaro
Uribe. Juan M. Santos, que lo sucedió en el Palacio Nariño, no se prestó
a tan peligroso juego. Es más, el conservador presidente colombiano no
se ha cansado de agradecerle a Venezuela su colaboración en el proceso
de paz en curso en La Habana. Macri parece ignorar estas sutilezas de la
política internacional y ser un hombre temerario y de frágil memoria,
combinación peligrosa si las hay. Habría que recordarle que la sumisión
incondicional al imperio ya se practicó en la Argentina durante el
menemato, con el nombre de “relaciones carnales”, y que este país pagó
con sangre tamaña insensatez. No se entiende por qué habría de repetir
ese desatino, salvo para dar cumplimiento a un acuerdo secreto con la
Casa Blanca cuya contrapartida seguramente no tardaremos en conocer.
Macri parece no haber sido tampoco informado que el pasado 28 de
Octubre la República Bolivariana fue reelegida para integrar el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Asamblea General de la
organización aprobó esa resolución con 131 votos, sobre un total de 192
miembros. Formular las acusaciones que hizo Macri pasando por alto un
dato tan significativo como este, que ratifica la presencia de Venezuela
en un organismo en el cual participan países como Francia, Estados
Unidos, Alemania y Japón, es por lo menos un acto de llamativa
irresponsabilidad o una muestra de peligroso amauterismo en el manejo de
las relaciones internacionales. ¿Cree acaso que los países del Mercosur
van a acompañar su arrebato antibolivariano? ¿Ignora que las decisiones
del Mercosur requieren el consenso de todos sus miembros? Para empezar,
el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa se apresuró a declarar que su
país “no ve razón para aplicar la cláusula democrática a Venezuela en el
Mercosur.” Y lo más probable es que el gobierno brasileño siga el mismo
curso de acción, en cuyo caso las amenazas de Macri caerían producto de
su inviabilidad política.
Volviendo al caso de los opositores
políticos en Venezuela, ¿qué diría Macri si en los próximos días,
siguiendo el ejemplo de Leopoldo López, Daniel Scioli hiciese público su
desconocimiento del resultado electoral y poco después del 10 de
Diciembre intensificase esa campaña movilizando contactos
internacionales e impulsando, cada vez con mayor fuerza acciones
violentas exigiendo “la salida” extraconstitucional de un “gobierno
ilegítimo” apelando a procedimientos vetados por la constitución y las
leyes de la república? ¿Llamaría en tal hipotético caso a Scioli un
“opositor político” o lo calificaría, en función de la normativa
vigente, como un político incurso en el delito de sedición, que en este
país tiene una pena que oscila entre los cinco y veinticinco años de
prisión. La legislación venezolana es similar a la argentina y ambas a
la de Estados Unidos, donde el delito tiene una penalidad que, en
ciertos casos, llega hasta la prisión perpetua o la pena de muerte. En
realidad López, cuya mujer estuvo la noche del domingo en los festejos
del bunker de Cambiemos, no es un “disidente político” injustamente
perseguido por el gobierno bolivariano. Es el cabecilla de un intento de
alterar por la fuerza el orden constitucional vigente en su país y
derrocar al gobierno surgido de elecciones en un sistema que el ex
presidente de Estados Unidos Jimmy Carter dijo que era “más confiable y
transparente que el nuestro.” Para ello contó con la colaboración de
Uribe, para reclutar un numeroso grupo de mercenarios que camuflados
como heroicos “jóvenes universitarios” luchaban valientemente para
restaurar las libertades conculcadas en su país. Lanzados a las calles
para impulsar “la salida” de Maduro y el derrumbe del orden
institucional vigente hicieron uso de cuanta forma imaginable de
violencia pueda existir, desde incendios de escuelas y guarderías
infantiles hasta la destrucción de medios de transporte públicos y
privados, combinado con ataques violentos a universidades y centros de
salud, erección de “guarimbas” (barricadas desde las cuales se
controlaban los movimientos de la población y se apaleaba o asesinaba
impunemente a quienes osaran desafiar su prepotencia) y asesinatos
varios. Como producto de estos desmanes murieron 43 personas, la mayoría
de ellas simpatizantes chavistas o personal de las fuerzas de seguridad
del estado. Tiempo después se descubrió que buena parte de los
“guarimberos” eran paramilitares colombianos y que casi no había
universitarios venezolanos involucrados en esos luctuosos
acontecimientos. La justicia de la “dictadura chavista” lo condenó a una
pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de reclusión. Disconforme
con la transición posfranquista en España, el 23 de Febrero de 1981 el
teniente coronel Antonio Tejero Molina quiso también él alterar el orden
constitucional tomando por asalto el Congreso de Diputados. En su
cruzada restauradora el “tejerazo” no produjo ni una sola muerte ni hubo
que lamentar pérdidas materiales de ningún tipo. Sin embargo, la
justicia española lo sancionó con 30 años de prisión, expulsión del
Ejército, pérdida de su grado militar e inhabilitación durante el tiempo
de su condena. Nadie lo consideró un opositor político sino un militar
sedicioso. Peor es el caso de López, por la mucha sangre derramada por
su culpa y por la destrucción de bienes provocada por su apología de la
violencia, pese a lo cual la sentencia de la justicia venezolana fue
insólitamente benigna. Pero Macri no lo ve así y sigue considerándolo un
opositor maltratado por un poder despótico. Mal comienzo en materia de
política exterior. Y un paso preocupante en el intento de avanzar en el
“reformateo” neoliberal del Mercosur, otra vieja ambición de Estados
Unidos, para hacerlo confluir con la Alianza del Pacífico y la Unión
Europea dominada por la Troika.
Atilio A. Boron es
investigador Superior del Conicet e investigador del IEALC, Instituto
de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
* Una versión abreviada de este artículo aparecerá en la edición del Martes 24 de Noviembre del matutino argentino Página/12.
FUENTE: Rebelión
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