La “CEOcracia” en acción
Claudio Katz[1]
Macri debutó con el
duro ajuste que endulzó durante la campaña electoral. Su “sinceramiento” de la
economía es la típica transferencia de ingresos a favor de los capitalistas,
que tantas veces se aplicó en el país. Pretende achatar los salarios a través
de la carestía para incrementar las ganancias de las grandes empresas.
La inflación
comenzó a trepar a principios de noviembre y ya encareció significativamente la
canasta básica de alimentos. Esta escalada desmintió todos los presagios de
estabilidad por incrementos previos de los precios. Los aumentos se dispararon
antes y después de la devaluación.
Esta vez los
llamados oficiales a la “responsabilidad” de los empresarios asumieron un tono
particularmente cínico. Los remarcadores ahora son ministros y los gerentes del
sector privado (denominados CEOs) controlan la administración pública. El
manejo del país por sus propios dueños se ha corroborado en un debut inflacionario.
La complicidad entre funcionarios y capitalistas ha diluido todas las
sugerencias de retrotraer los precios a noviembre. El sistema de “precios
cuidados” sólo persiste como una formalidad para disimular la carestía. Ninguna
sanción a los responsables de la inflación es evaluada por un gabinete que endiosa
al mercado.
EL PROPÓSITO DE LA DEVALUACIÓN
El objetivo del ajuste es provocar una fuerte caída de los salarios
durante el verano. De esta forma se licuarían los ingresos populares antes de
las paritarias. Para eso maquillan la evolución de los precios con pretextos de
baches estadísticos en el INDEC.
La imposición de un gran retraso salarial durante el primer semestre
anticipa las podas adicionales que intentará el futuro Pacto Social. Ese
convenio fijará metas decrecientes de inflación solventadas por los
trabajadores.
Los economistas del establishment aplauden el curso actual, pero
subrayan que la “consistencia” del plan depende de la confiscación del salario.
Estiman que esa amputación es indispensable para superar el fracaso de la
última devaluación (diciembre del 2013).
En esa oportunidad la brusca alteración de la paridad cambiaria se
trasladó a precios y salarios, neutralizando las ganancias de exportadores y
financistas. Para evitar este resultado los hombres del PRO esperan que la
inflación del 2016 (¿40%?) sobrepase ampliamente a los incrementos de sueldos
(¿28%?).
Con esa finalidad promueven mayor contracción monetaria y recorte
fiscal. Suponen que esas restricciones afectarán el nivel de actividad,
ocupación o precariedad laboral y debilitarán la resistencia de los
trabajadores.
A diferencia del 2013 la derecha maneja ahora el gobierno y está
empeñada en una batalla frontal contra los asalariados. Pero actúa al final de
un ciclo de recomposición del empleo, el ingreso y el nivel de organización de
los trabajadores. No cuenta con el escenario de colapso que en el 2001permitió
una mega-devaluación, sin transferencias a los precios y salarios.
La primera confrontación para imponer el ajuste se dirime en el bono de
compensación que reclaman los sindicatos (5000 pesos). Macri rechazó esa
petición y sólo otorgó una irrisoria bonificación en la asignación universal
(400 pesos). Luego de entregar fortunas a los empresarios desconoce una demanda
básica de los asalariados. Afirma que únicamente homologará las sumas
negociadas por cada gremio en el sector privado, como si la inflación
exceptuara a los empleados públicos.
Mauricio pretende que cada segmento de los trabajadores se arregle por
su cuenta. Tiene tan incorporada la ideología burguesa que anuncia sin
sonrojarse beneficios generalizados para los capitalistas, mientras exige
tratativas segmentadas a los trabajadores.
La misma cosmovisión de niño rico transmitió Prat Gay en su
presentación de la devaluación como un acto liberador. Afirmó que “oxigenará la
economía”, presuponiendo que los negocios de una pequeña minoría generan
bienestar para toda la colectividad. Describió luego la eliminación de
“impuestos distorsivos” como un logro de la sociedad, estimando que cualquier
obstáculo para los capitalistas constituye una adversidad para el pueblo.
El equipo macrista despliega presentaciones tecnocráticas del ajuste,
como si estuvieran determinadas por exigencias naturales de algún dispositivo.
Por eso describe los detalles operativos de la devaluación sin mencionar sus
nefastas consecuencias sociales.
El PRO intenta trasladar al ámbito económico el marketing despolitizado
que utilizó para ganar elecciones. Con ese estilo ya no se lamenta de la
devaluación. Al contrario, la difunde como una gran noticia. Mauricio devalúa
con buena onda y alegría, mientras sus funcionarios imaginan las sonrisas de
los millonarios. Los sufrimientos de los desposeídos no figuran en sus agendas.
LOS GANADORES DEL AJUSTE
El agro-negocio ha sido el principal favorecido por la simultánea
decisión de devaluar y reducir las retenciones. Ese sector incrementa sus
ganancias inmediatas en un 50-90% y se embolsa 3.700 millones de dólares, que
valdrán un 40% más en moneda nacional.
Las compañías
cerealeras apostaron a este desenlace demorando durante meses la liquidación de
exportaciones. También los grandes propietarios y contratistas agrarios
incrementan sus fortunas, con precios internos que ascienden al compás de la
rentabilidad externa.
Todos fijan sus
cotizaciones comparando con lo obtenido por los exportadores. Por esta razón la
carne, la harina, el pollo y las legumbres se disparan al mismo ritmo. La soja
arrastra el encarecimiento de los productos que compiten por el uso de la misma
tierra.
Ese encadenamiento
torna particularmente nefasta la reducción de las retenciones. La disminución
de ese impuesto reconecta los precios
locales de los alimentos con su cotización internacional y desprotege al consumidor argentino. Los agro-exportadores
vuelven a recuperar preeminencia y ya iniciaron su venganza por la resolución
125. La renta que el estado se apropiaba desde el 2002 retorna al campo.
Macri intenta privilegiar al agro resucitando el imaginario liberal de
las “ventajas comparativas”. Supone que el país progresará afianzando su perfil
de exportador de productos básicos. Pretende incluso actualizar esa inserción
internacional convirtiendo al “granero del mundo” en un “supermercado del
planeta”.
Pero el subdesarrollo estructural que históricamente generó la
performance primarizada de nuestra economía se acentuará vendiendo nutrientes
más elaboradas. Ese modelo no crea empleo, desalienta la inversión industrial,
acrecienta las inundaciones y expande el deterioro ambiental.
Con la mira puesta en el
florecimiento del agro-negocio, Macri abre las puertas a los tratados del libre
comercio con Asia, Europa y la Alianza del Pacífico. Ensaya esa posibilidad a
partir de una nueva asociación con Brasil.
Pero el ajuste en curso también favorece a los bancos.
Obtienen grandes lucros con la intermediación de los créditos negociados para
sostener la devaluación. Ganarán fortunas si se concreta el endeudamiento por
20.000 millones de dólares para apuntalar las reservas y controlar la nueva
banda cambiaria.
Esos préstamos provienen de bancos extranjeros (Repo), entidades chinas
(yuanes convertibles) y financieras argentinas que administran la fuga de
capitales (reingreso de dólares sin encajes).
La gran hipoteca en gestación es presentada como un signo de
“confianza” en el país. Se repite el relato que siempre utilizaron los
banqueros para vaciar a la Argentina. Hasta ahora ninguno de los créditos
presenta finalidades productivas. Sólo solventan gastos corrientes y
estabilizan la cotización del dólar.
Los bancos se disponen a lucrar, además, con las altísimas tasas de
interés (38-40%) que introdujo el gobierno para contener cualquier corrida
hacia el dólar. De esta forma resurge la conocida bicicleta de ingresar capitales
golondrinas, que retomarán vuelo cuando se agote el casino.
Para recibir un fuerte respaldo
inicial de la City, Prat Gay y Stuzzeneger convalidaron también el desfalco de
los seguros de cambio que realizó la administración saliente del Banco Central
(enormes pagos a una cotización ridícula del dólar). El nuevo equipo negoció
límites a la emisión de pesos que exigía ese contrato, pero aseguró a los
bancos todos los lucros de la transacción.
Los
financistas obtuvieron además un trofeo largamente esperado: la recuperación
del Banco Central. Se disponen a retomar el directorio de esa entidad con el
insólito disfraz de asegurar su “independencia”. Su próximo negocio será el
arreglo con buitres.
Esa intermediación
podría incluir compras totales o parciales de los pasivos en litigio, a cambio
de comisiones adicionales o atribuciones para gestionar nuevos créditos. Las
versiones sobre un préstamo directo del tesoro estadounidense ilustran el
interés internacional por una operación, que seguramente incluirá inspecciones
del FMI.
El tercer beneficiario del plan es la burguesía
industrial exportadora. Obtuvo la reducción de las retenciones
y la eliminación de regulaciones que restringían las importaciones de insumos
(DJAI). Comenzará a recibir los dólares demorados por esas adquisiciones y
negocia un bono para zanjar las compras impagas y las utilidades no giradas al
exterior.
La
principal promesa para ese sector es la implementación de una política estatal
anti-obrera, que el macrismo disfraza con llamados al “orden, la productividad
y la disciplina” laboral. El nuevo gobierno de “CEOcratas” incluye numerosos expertos
en incrementar los ritmos de trabajo, organizar despidos y perseguir activistas.
Los gerentes de recursos humanos ahora comandan las oficinas gubernamentales y
el nombramiento de un ministro con apellido Triacca es un símbolo
de lo que se viene.
También las
empresas contratistas de servicios públicos recibirán su tajada. Los tarifazos
se preparan con la declaración de la emergencia energética y la emisión mensual
de facturas. Esos incrementos apuntan a recomponer la caja de las compañías.
Ganaron fortunas con las privatizaciones y preservaron sus contratos durante la
última década de subsidio estatal.
Ahora reaparecen
los argumentos de la sintonía fina -que el kirchnerismo difundió pero no
instrumentó- para justificar los aumentos del gas y la electricidad. Se afirma
que los ricos malgastan energía calentando sus piscinas y que la clase alta
paga cuentas irrisorias por el aire acondicionado. Esos abusos se corregirían
con un simple recargo en el servicio. Pero el verdadero objetivo de esas
descripciones es penalizar a toda población.
Lo mismo ocurre con
las tarifas vigentes en el Interior. Como ciertamente son más elevadas habría
abaratarlas, en lugar de encarecer las cuentas de los usuarios bonaerenses.
El gerente de Shell
que ahora administra la energía del país tiene la mira puesta en asegurar
precios del combustible que actualmente duplican la cotización internacional. Con
esos números los usuarios no sólo solventan los beneficios de las compañías
petroleras. También se impide cualquier reconversión estructural a un patrón de
energía eólica y solar. El nuevo equipo ya decidió profundizar el sendero de
Galluccio, que ha manejado YPF como una empresa privada con turbios contratos
secretos con Chevron.
Macri
ha diseñado un plan para toda la clase capitalista. Esa intención se verifica
en la significativa ampliación del blanqueo. Los evasores del fisco -que el
kirchnerismo indultó en sucesivas oportunidades- ahora tendrán otra posibilidad
para transparentar sus negocios sin pasar por la AFIP.
TENSIONES
Y SOSTÉN POLÍTICO
Los neoliberales
están de fiesta. Pero la lluvia de beneficios que reparte el macrismo alimenta graves
problemas. El conflicto más previsible se
avizora con la recesión. El combo de inflación-devaluación y tarifazos induce fuertes
tendencias contractivas en el próximo cuatrimestre.
Si el incremento de las tasas de interés para contener el dólar perdura,
la recesión alcanzará porcentuales significativos. El encarecimiento del
crédito no sólo afecta la producción corriente. También impacta sobre consumos más
bancarizados y dependientes de las cuotas.
A
pesar de la gran devaluación es improbable que las exportaciones puedan
compensar la contracción del poder adquisitivo. El escenario externo se ha
tornado muy adverso por la retracción imperante en el principal socio (Brasil)
y en el mayor cliente (China) del país. Además, el aumento de las tasas de
interés en Estados Unidos genera una fuerte competencia por la captación de
capitales sobrantes.
Por esta razón es incierta
la llegada de las inversiones que promete Macri. Un aluvión de divisas
financieras debería compensar el decreciente ingreso de dólares comerciales,
que acompaña al fin del superciclo de las materias primas. El 2015 cierra con
un desplome del superávit comercial y como la soja ya no cotiza a 600 dólares
se endurecen las disputas por preservar los mercados de otras exportaciones.
Los librecambistas
del PRO podrían negociar la continuidad de esas ventas, ofreciendo la apertura
del mercado argentino a los industriales foráneos. Macri mantiene un cuidadoso
silencio frente a este tema, sabiendo cuán vivo está el recuerdo de la invasión
importadora de los 90. Ya hay algunos tanteos para autorizar compras de bienes
finales, que pueden devastar en tiempo récord al vulnerable aparato industrial
del país.
Tensiones mucho más inmediatas se avecinan en el terreno
fiscal. Mauricio asume con un déficit de 7 puntos
del PBI y numerosas provincias sin fondos propios para pagar los sueldos. Todas
las medidas que anunció incrementan el agujero de las cuentas públicas. Redujo drásticamente
las retenciones sin explicar cómo compensará ese des-financiamiento del sector
público. Sus economistas preparan tarifazos para cubrir ese bache y diseñan una
brutal cirugía de gastos sociales, sueldos y jubilaciones del sector público.
El objetivo estratégico de Macri es reiniciar un curso neoliberal con
mayor monitoreo estatal, para diluir la impronta neo-desarrollista de la última
década. Su reivindicación de Frondizi y la presencia de un nieto de Frigerio en
el gabinete sólo apuntan a resucitar el imaginario de crecimiento. Desecha por
completo cualquier prioridad de desenvolvimiento industrial.
La viabilidad de su programa suscita incontables especulaciones. Por el
momento sólo cabe registrar la evidencia de un ajuste solventado con
endeudamiento. Necesitará un fuerte apoyo político para sostener un esquema
anti-popular, que precipitará divisiones en las clases dominantes.
Frente a esas perspectivas Macri expande alianzas políticas y asegura su
control del estado. Ocupa todos los espacios, coloca funcionarios aptos para la
contra-reforma y presiona por los descabezamientos pendientes en sectores de la
justicia y los medios de comunicación.
El
nuevo presidente ya comenzó a gobernar por decreto vulnerando sus convocatorias
a la concertación republicana. Intentó designar los auto-objetados “jueces
macristas” en dos cargos vacantes de la Corte Suprema, sabiendo que necesita
tribunales afines para bloquear amparos contra los ajustes.
También busca impunidad mediática
para reducir la visibilidad de las protestas. Intervino el AFSCA desconociendo en
forma grosera la autonomía de ese organismo. Pretende sepultar la ley de medios
a cambio de coberturas favorables por parte de Clarín y La Nación. En lugar del
prometido pluralismo de voces se apresta a hegemonizar la pantalla con relatos
oficialistas, manipulación de la información y pasatismo de contenidos.
Pero
la solidez de su gobierno depende de los acuerdos que alcance con los
gobernadores, el Massismo y el Justicialismo en el Congreso. Macri negocia las
leyes del ajuste con la gran lapicera que define los cheques y las designaciones.
Mientras repite frases huecas sobre el consenso, intenta emular el modelo
mexicano de turbias coaliciones
parlamentarias. Ya instrumentó durante varios años ese tipo de contubernios en
la Legislatura porteña y se apresta a reproducirlos en la Provincia de Buenos
Aires.
Como
los principales conflictos se dirimirán en las calles, Mauricio también prepara la criminalización de la protesta. Apaleó a
los trabajadores de Cresta Roja, ensayó un frustrado envío de gendarmes a Jujuy
y ultima los detalles de un protocolo para arremeter contra los piquetes. El
mismo presidente que reclama la liberación del organizador de las guarimbas
criminales en Venezuela hace la vista gorda frente al rebrote fascistoide de
sus allegados en Mar del Plata.
Afortunadamente Macri ya afrontó sus primeros disgustos. Debió retroceder en
el nombramiento de funcionarios derechistas (Ávila, Manfroni) y pospuso la
designación de sus candidatos a la Corte. Tuvo que ratificar, además, la
continuidad de los juicios a los genocidas, ante la contundente reacción de los
periodistas contra un editorial pro-indulto del diario La Nación.
El PRO multiplicará las agresiones
sociales antes del gran test de la paritaria docente. Tramita
especialmente la complicidad de la burocracia sindical con ofrecimientos de
continuado manejo de las obras sociales. Con cada jerarca discute alguna
prebenda específica. Moyano es su principal interlocutor, por ejemplo, en el
negocio de la basura.
La pantalla de
estos contubernios es el pequeño alivio dispuesto en los pagos del impuesto a
las ganancias, que tributan los trabajadores de mayores ingresos. Ese desahogo
no alcanza a la inmensa mayoría de los asalariados y es poco significativo para
los afectados por esa carga.
DOS RESPONSABLES
El atropello
económico en curso se desenvuelve en medio de un gran juego del culpable que
marea a la población. Macristas y kirchneristas se acusan mutuamente de
provocar el ajuste. Por un lado, los economistas del PRO afirman que adoptan duras
medidas para subsanar la “herencia recibida”. Por otra parte, los ex
funcionarios de CFK proclaman que “la economía estaba bien” y sólo requería algunas
“correcciones graduales”. Los dos relatos son ficticios y ocultan la aplicación
de un remedio regresivo para los desequilibrios que potenció la era K.
El carácter
artificial de esa controversia es muy visible en las interpretaciones de la
inflación. Prat Gay afirma que el gobierno precedente toleró subas de precios para
ensuciarle la cancha. Los allegados de Kiciloff responden que no podían
contener incrementos precipitados por los anuncios de devaluación. Uno dice que
permitieron los aumentos por desidia y el otro afirma que carecía de autoridad
para actuar. En medio de esta discusión los capitalistas remarcan exentos de
culpa.
Lo
mismo ocurre con la devaluación. Macri sostiene que “nos dejaron economías
regionales colapsadas” y los kirchneristas lo acusan de devaluar “para abaratar
salarios”. Lo cierto es que el PRO transfiere ingresos a los acaudalados y que CFK
atrasó adrede el tipo de cambio, para trasladarle el ajuste a su sucesor.
Macri también proclama
que contrae deuda para atenuar los desbalances de un “Banco Central sin
reservas”. En cambio los seguidores de CFK denuncian la hipoteca en formación
para una “economía desendeudada”. Lo cierto es que el PRO trabaja para los
financistas, frente a la descapitalización provocada por los pagos de la deuda
que hicieron sus antecesores.
En medio de estas
polémicas el macrismo encarece el crédito, afirmando que debe absorber la
montaña de pesos emitida por el kirchnerismo. Con ese argumento oculta las
gravosas consecuencias recesivas de su giro monetarista. Los K contrastan ese
viraje con su promoción del consumo. Pero maquillan la inconsistencia de esa
expansión, en un contexto de fugas de capital e inflación descontrolada.
Las
contraposiciones entre macristas y kirchneristas enturbian todos los debates
sobre el ajuste. Para esclarecer el nuevo escenario hay que impugnar tanto la
arremetida neoliberal como los fracasos del progresismo.
La crítica al nuevo
gobierno no puede posponerse con expectativas de lo que vendrá. Es ingenuo
suponer que Macri “recién comienza” y merece un tiempo de espera. Está rodeado
de funcionarios de los 90 y hombres del establishment que siempre han manejado
el poder económico. La libertad de acción que logren será proporcional al daño
que sufrirá la población.
Pero las fantasías que despliegan
los economistas K sobre su gestión son igualmente insostenibles. Todos los
desaciertos de esa experiencia volverán a repetirse si se elude un balance de
lo ocurrido. Resulta esencial debatir el desemboque conservador que condujo a
la convergencia con Scioli en un programa de devaluación, aumento de tarifas y
arreglo con los buitres.
El modelo de la última década acentuó los desequilibrios estructurales
del capitalismo argentino. Mantuvo una política impositiva regresiva, afianzó
la primarización sojera, agravó el extractivismo minero-petrolero y perpetuó la
estructura industrial concentrada. Otorgó, además, grandes subvenciones a los
“capitalistas amigos” (Cirigliano, Báez, dueños de Cresta Roja) que impidieron
modificar los pilares de la desigualdad social.
Es imprescindible romper el corset
de dos alternativas capitalistas como único programa para la Argentina. Si sólo
hay campanas neoliberales y neo-desarrollistas con disputas entre ortodoxos y heterodoxos,
el país está condenado a un recambio cíclico de unos por otros. Construir una
economía productiva al servicio de las mayorías populares exige transitar por
otro camino.
26-12-2015
[1] Economista, investigador del CONICET,
profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
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